Ceuta, diez semanas después: una ciudad al límite que sigue esperando soluciones
La entrada masiva del 30 y 31 de julio dejó al menos 75 muertos, casi 3.000 menores tutelados y miles de personas en la calle. Ceuta llevaba semanas avisando y aún reclama refuerzos, reparto de menores y garantías.
Redacción · Publicada el 14 de octubre de 2026
Diez semanas después de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, Ceuta sigue sin recuperar la normalidad. El Gobierno central reconoce que aún quedan en la ciudad personas que entraron entonces y que están dispersas por montes, viviendas y barriadas, según declaró el ministro Ángel Víctor Torres el 8 de octubre en la Delegación del Gobierno (EFE). La Ciudad Autónoma tutela a 2.827 menores no acompañados, con un sistema pensado para unas pocas decenas de plazas.
Este reportaje reconstruye lo que pasó desde el jueves 30 de julio, con las cifras de cada fuente, y lo que la ciudad lleva meses pidiendo.
Los avisos
El 8 de julio se conoció una sentencia del Tribunal Supremo según la cual el «rechazo en frontera» no puede aplicarse a las personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla (El Independiente, 29 de julio). Las autoridades locales relacionan con ese fallo el aumento de las llegadas a nado. El Gobierno central sostiene que redes de tráfico de personas difundieron una lectura falsa de la sentencia, la de que España había abierto la frontera (Infobae, 2 de agosto).
El 24 de julio, la Delegación del Gobierno en Ceuta envió una comunicación interna al Ministerio de Política Territorial en la que advertía de que hacían falta refuerzos (El Progreso, 28 de septiembre). El ministro Torres dijo el 8 de octubre que no recibió personalmente ese correo, pero que se trasladó a los ministerios y que el 29 de julio hubo una reunión (EFE).
El lunes 27 de julio, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, llamó a Moncloa. Según el relato de la Ciudad publicado por Ceuta Actualidad el 5 de agosto, avisó de que «si en un día entraban 500 personas, en 10 días entraban 5.000». El martes 28 llamó a Interior y pidió declarar la emergencia nacional al amparo de la Ley de Seguridad Nacional. El miércoles 29, Interior le respondió por teléfono que no era «jurídicamente factible».
Ese mismo 29 de julio, Vivas cifró en más de 1.500 las entradas a nado en la última quincena, unas 200 al día, y situó la ocupación del área de menores en el 1.600% (El Independiente, 29 de julio). Calificó los centros de acogida de «colapsados y saturados» y pidió al Gobierno una respuesta «inmediata, decidida y enérgica». La asociación AUGC de Ceuta pidió que cualquier cambio de procedimiento llegara con más personal, más medios y órdenes escritas para los agentes.
El 30 de julio, antes de que se conociera el alcance de lo que ocurría, los sindicatos policiales se pronunciaron (EFE, 30 de julio). El SUP pidió reforzar con urgencia las unidades de frontera y advirtió de que las brigadas de Extranjería trabajaban con plantillas insuficientes. Jupol reclamó refuerzos de Policía Nacional, acuerdos de readmisión con Marruecos y una reforma de la Ley de Extranjería.
El día de la entrada masiva
El jueves 30 de julio, hacia las diez de la mañana, empezó la entrada masiva por el espigón del Tarajal (Ceuta Actualidad, 5 de agosto). Miles de personas, en su mayoría jóvenes, pero también familias y menores, llegaron a nado o a pie, bordeando el espigón o saltando la valla (Infobae, 2 de agosto). La víspera ya habían llegado a nado unas 500 personas, según el entonces delegado del Gobierno (Euronews, 28 de septiembre).
Ese mismo día, la Junta de Portavoces de la Asamblea, con PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!, pidió por unanimidad declarar la emergencia nacional, cerrar la frontera y desplegar el Ejército (infoCeuta, 30 de julio).
Las cifras de entradas no coinciden. El Gobierno habló primero de unas 50.000 personas. Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional, después retirada, citó 49.000 en un día. El 4 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fijó la cifra oficial en 72.000. Vivas la elevó a 80.000 y el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, a 75.000 (Ceuta Actualidad, 4 de agosto). El 21 de septiembre, el ministro Torres habló de «unas 80.000» (Ceutaldia).
El balance humano es el más grave. La Delegación del Gobierno contabilizaba el 4 de agosto 75 personas fallecidas en el ámbito de Ceuta; Marruecos reconoció otras 11 en sus aguas (Ceuta Actualidad, 4 de agosto). La ONG Caminando Fronteras elevó el 5 de agosto el total a 141, 78 en Ceuta y 63 en Marruecos (El Salto). El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, habló el 8 de octubre de «más de 140» (CLMPress). La identificación avanza muy despacio: a 6 de agosto solo 8 de 80 cuerpos estaban identificados total o parcialmente (RTVCE).
El 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Tarajal con Grande-Marlaska. Calificó lo ocurrido de «violación de la integridad territorial» (El Observador, 31 de julio). Ese día llegaron los primeros refuerzos: a los 60 guardias civiles fijos de vigilancia fronteriza se sumaron un pelotón de 20 y otros dos de 40, además de 30 agentes de Andalucía (El Independiente, 31 de julio). El Ejército se desplegó en la frontera; la oposición calificó la respuesta de «tardía e insuficiente» (Infobae, 2 de agosto).
El 1 de agosto empezó a instalarse una barrera marítima provisional de unos 500 metros en el espigón del Tarajal (elDiario.es).
Los primeros días
La mayoría de quienes entraron volvieron a Marruecos en pocos días. El 4 de agosto, Grande-Marlaska afirmó que 70.000 de las 72.000 personas ya habían salido de la ciudad (elDiario.es). La Ciudad no compartía esa cuenta. La vicepresidenta segunda, Kissy Chandiramani, calculaba entre 3.000 y 5.000 personas «deambulando por la calle» (El Debate, 4 de agosto). «Está claro que si Marruecos quiere, esto se repetirá cuando ellos quieran», dijo, y pidió que Europa asumiera el control de sus fronteras.
Las diferencias de cifras marcaron todo agosto. Vivas habló el 25 de agosto de unas 10.000 personas que seguían en la ciudad (Telecinco). El 21 de septiembre, Torres cifró entre 17.250 y 17.750 las que permanecían, con entre 3.000 y 3.500 en la calle, sobre todo en las playas del Trampolín y Benítez (Ceutaldia).
El 4 de agosto, Vivas resumió así la posición de la Ciudad: «Solos no podemos, solos naufragaríamos» (Ceuta Actualidad, 5 de agosto). Calificó la respuesta del Gobierno central de «tardía» y «manifiestamente insuficiente».
La presión sobre la ciudad
La sanidad fue el primer servicio en notarlo. La ministra Mónica García visitó Ceuta el 16 de agosto y dijo que en quince días se habían atendido 5.800 personas migrantes, 3.500 en atención primaria y 2.300 en el hospital (Euronews). Reconoció áreas «especialmente tensionadas», como Urgencias, pero negó un colapso: «La mitad del hospital está ocupado, eso no es un colapso». El hospital pasó de 175 a más de 200 camas.
El comercio fue el segundo. El 25 de agosto, comerciantes consultados por Telecinco hablaban de caídas de ventas de al menos el 50%, y algunos de hasta el 70%. La Cámara de Comercio calculó pérdidas de más de 27 millones de euros. «La gente sale con miedo y sale menos», resumía un representante del sector de la alimentación.
La convivencia se tensó. El 25 de agosto hubo una protesta vecinal en la barriada de La Libertad contra los lugares elegidos para acoger a personas migrantes, sobre todo los cercanos a colegios. El 27 de agosto, entre 30 y 40 personas apedrearon en Benzú un vehículo con cuatro militares, que resultaron heridos; doce personas fueron detenidas (El Progreso, con EFE y Europa Press). Ese mismo día, las fuerzas de seguridad dispararon salvas para contener a grupos de vecinos que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. El Gobierno de Ceuta pidió calma y admitió el cansancio de la población: «La paciencia tiene un límite».
El 22 de septiembre, la Comisión Permanente del CGPJ contabilizaba 37 diligencias previas por agresión sexual abiertas desde finales de julio, con 14 víctimas menores (FIB Widiario). El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, dijo que la delincuencia en Ceuta había subido un 60% respecto a agosto y septiembre del año anterior.
El curso escolar empezó el 8 de septiembre con 16.070 alumnos convocados y una asistencia cercana al 70%, del 63% en Primaria (Andalucía Información). Los 35 colegios contaban con vigilancia privada.
La policía también acusó el esfuerzo. El SUP pidió el 22 de septiembre unos 190 agentes más para el centro de triaje del Tarajal, donde calculaba unos 100 triajes diarios frente a un objetivo de 500 (FIB Widiario).
La respuesta de las administraciones
La respuesta del Estado llegó por fases. El 14 de agosto, Interior anunció el envío de 45 policías de una Unidad de Prevención y Reacción y de 20 funcionarios de Extranjería para agilizar las expulsiones (Moncloa.com). El 4 de agosto Jupol ya había criticado que la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad no añadiera agentes ni medios, y la llamó «propaganda política» (Ceuta TV).
El 25 de agosto, el Consejo de Ministros declaró la «situación de interés para la Seguridad Nacional» en Ceuta hasta el 31 de diciembre. Nombró a Torres mando único, al frente de once ministerios (elDiario.es, 26 de agosto). Era una de las peticiones de Vivas de julio, aunque no con la figura de emergencia nacional que había pedido. El decreto incluía polideportivos como Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor como espacios de acogida. Vivas anunció que lo recurriría, y el Gobierno se comprometió a sacarlos en la siguiente actualización (Público). La Ciudad propuso espacios alternativos para unas 11.300 plazas.
El 28 de agosto, Grande-Marlaska pidió a la Comisión Europea apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo para el triaje. El comisario Magnus Brunner respondió el 29 que trabajaban en la solicitud (Andalucía Información). Este periódico no ha encontrado confirmación oficial de un despliegue de Frontex.
El 1 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque de 309 millones de euros, el 16% del PIB de Ceuta, para lo que queda de 2026 (La Moncloa). Destina 21 millones a servicios esenciales, como 100 sanitarios más; 90 a seguridad, 74 de ellos para Defensa; 118 a acogida, y 80 a empresas y trabajadores, con ayudas de unos 5.000 euros por autónomo. A 8 de octubre se habían empezado a pagar 800 de 1.700 solicitudes, y el Gobierno anunció 45 millones más para gastos extraordinarios de la Ciudad (EFE).
Los menores
La situación de los menores no acompañados es el problema más largo. Ceuta tiene la tutela de todos ellos. A finales de septiembre, la Ciudad contaba 2.383 filiados, una sobreocupación del 8.000% sobre sus plazas, según el Ejecutivo local recogido por La Bandera. El 8 de octubre, Torres situó en 2.827 los acogidos en el sistema autonómico (EFE).
El reparto en la península avanza despacio. El 27 de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia aprobó 25 millones para Ceuta. Votaron en contra Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas consejerías dirige Vox (El Progreso). A 8 de octubre, 173 menores habían sido reubicados en otras comunidades y 86 reagrupados con familiares en la península; se habían enviado 24 expedientes de reagrupación a Marruecos (EFE).
Hay reproches cruzados. Torres sostiene que la ley no exige el consentimiento de la comunidad de destino y acusa a PP y Vox de oponerse a los traslados (Ceutaldia, 21 de septiembre). La Cadena SER publicó que el Ministerio de Juventud envió el 28 de agosto una oferta para trasladar a 500 menores; la Vicepresidencia de Ceuta dijo a esa emisora que no le constaba un planteamiento concreto (Ceuta Ahora).
El Defensor del Pueblo envió un equipo a Ceuta del 15 al 17 de septiembre y pidió la «protección efectiva urgente» de los menores que siguen en la calle (Europa Press, 22 de septiembre). El 8 de octubre, Gabilondo pidió a las comunidades que acojan menores «para que se vea cuánto queremos a Ceuta» y advirtió de que la ciudad «no puede tutelar a 3.000 chavales» (CLMPress). Unicef alertó en agosto de que no había un proceso garantista para los menores, y Save the Children pidió reforzar su detección en la calle (El Salto).
Qué ha pasado desde entonces
El 23 de septiembre circuló en redes una convocatoria para una nueva entrada, el día de las elecciones en Marruecos. El Tarajal amaneció en calma, con la frontera reforzada (Euronews, 23 de septiembre). Ya había fracasado otra convocatoria el 15 de agosto.
El 24 de septiembre, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en Nueva York con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Según Exteriores, Marruecos reiteró su «plena colaboración» para readmitir a quienes no tienen derecho a protección internacional (Infobae, 24 de septiembre).
El 28 de septiembre dimitió el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Dijo que había alertado al Gobierno «semanas antes» y que decisiones como el despliegue del Ejército escapaban a sus competencias (Euronews). Ese día, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias previas sobre él tras una querella de Abogados Cristianos (Diario de León, 6 de octubre). La jueza investiga desde agosto si la entrada fue una acción concertada.
El 4 y el 5 de octubre, la Policía Nacional desalojó la playa del Trampolín, el mayor asentamiento, con más de 3.000 personas, por contaminación en el agua (EFE). Según Torres, el desalojo permitió 1.813 retornos voluntarios.
El 8 de octubre, Torres dio el último balance: 11.026 salidas desde agosto, 10.513 retornos voluntarios a Marruecos y 513 expulsiones, ninguna de menores (EFE). Hay diez espacios de acogida con más de 7.000 plazas, frente a dos con unas 2.000 el 24 de agosto. Todas las instalaciones temporales se desmontarán al acabar la emergencia. El Gobierno aspira a recuperar la normalidad antes de la visita de los Reyes, prevista para el 13 de octubre.
Lo que queda pendiente
Las cifras oficiales siguen incompletas. Interior contabiliza 4.076 entradas por tierra en Ceuta hasta el 30 de septiembre, un 54% más que en 2025, pero excluye las de los días 30 y 31 de julio (El Faro de Ceuta, 5 de octubre). Nadie sabe cuántas personas siguen en la ciudad sin identificar, y la mayoría de las víctimas mortales sigue sin nombre.
También está pendiente el futuro de casi 3.000 menores, la duración de los campamentos y la investigación judicial sobre los avisos previos.
La desinformación ha acompañado toda la crisis. Maldita.es recopiló 72 bulos sobre Ceuta, entre ellos vídeos de Turquía o Londres presentados como escenas de Ceuta. Gabilondo lo resumió el 8 de octubre: «Todo ha nacido de una gran desinformación».
Lo que pide Ceuta
El Gobierno de la Ciudad (Juan Jesús Vivas). Pidió en julio declarar la emergencia nacional y que el Estado asumiera el mando único, y lo segundo se aprobó el 25 de agosto. También pidió que PP y PSOE pacten devolver la cobertura legal al rechazo en frontera tras la sentencia del Supremo (El Independiente, 29 de julio). Reclama que los menores se repartan en otras comunidades y que no se usen polideportivos ni espacios junto a colegios para la acogida.
La Asamblea de Ceuta. Por unanimidad, el 30 de julio, pidió cerrar la frontera, desplegar el Ejército y reforzar las fuerzas de seguridad (infoCeuta).
La vicepresidenta Kissy Chandiramani. Pide cambiar la gestión de la frontera y que la Unión Europea asuma su control con una migración «regulada y ordenada» (El Debate, 4 de agosto).
Jupol. Más agentes de Policía Nacional, actualizar un catálogo de puestos que no cambia desde hace más de veinte años, más embarcaciones, drones y vigilancia, reforma de la Ley de Extranjería y acuerdos de readmisión con Marruecos (Ceuta TV, 4 de agosto). Propuso además una unidad UPR propia para Ceuta (Estrella Digital, 26 de agosto).
SUP. Refuerzo urgente de las unidades de frontera, más cooperación con los países de origen y unos 190 agentes más para el triaje (EFE, 30 de julio; FIB Widiario, 22 de septiembre).
AUGC. Más personal y medios para la Guardia Civil, y órdenes escritas y claras para los agentes (El Independiente, 29 de julio).
El comercio. Ayudas para evitar cierres; la Cámara de Comercio calculó pérdidas de más de 27 millones (Telecinco, 25 de agosto).
El Defensor del Pueblo. Protección inmediata de los menores que siguen en la calle y solidaridad de las comunidades autónomas (Europa Press, 22 de septiembre; CLMPress, 8 de octubre).
Los partidos. El PP anunció el 10 de octubre que reformaría la Ley de Extranjería para ejecutar las devoluciones en 48 horas si gobierna (El Español). Vox pide cerrar la frontera y devolver de inmediato a quienes entraron (Moncloa.com, 31 de julio). El Gobierno central defiende el plan de 309 millones, los retornos voluntarios y la colaboración con Marruecos. Pide a las comunidades que acojan menores.
Las cifras
- Entradas del 30 y 31 de julio: 72.000 según Interior (4 de agosto); 75.000 según el portavoz de la Ciudad y 80.000 según Vivas (Ceuta Actualidad, 4 de agosto); «unas 80.000» según Torres (21 de septiembre).
- Fallecidos: 75 en Ceuta y 11 en Marruecos según la Delegación y Marruecos (4 de agosto); 141 según Caminando Fronteras (5 de agosto).
- Salidas desde agosto: 11.026, 10.513 retornos voluntarios y 513 expulsiones (Torres, 8 de octubre).
- Menores tutelados por Ceuta: 2.827 (Torres, 8 de octubre). Reubicados en otras comunidades: 173. Reagrupados en la península: 86.
- Plazas de acogida temporal: más de 7.000 en diez espacios (Torres, 8 de octubre).
- Atención sanitaria: 5.800 personas en quince días (Mónica García, 16 de agosto).
- Pérdidas del comercio: más de 27 millones (Cámara de Comercio, 25 de agosto).
- Plan de choque: 309 millones de euros (Consejo de Ministros, 1 de septiembre).
- Diligencias por agresión sexual: 37, con 14 víctimas menores (CGPJ, 22 de septiembre).